La Asamblea Andaluza por la Educación Pública recuerda que este 11 de noviembre Andalucía vivirá una jornada de huelga educativa propia, convocada para denunciar lo que califica como el «deterioro» de la enseñanza pública y exigir medidas urgentes de inversión, incremento de personal y mejora de las condiciones de aprendizaje en los centros educativos.
Esta convocatoria, acordada en la asamblea celebrada el pasado 18 de julio en Antequera, coincide en fecha con la huelga general impulsada posteriormente desde los movimientos por el derecho a la vivienda, una coincidencia ante la que el sector educativo ha decidido confluir en la jornada de huelga general como bloque verde, «sumando nuestras reivindicaciones educativas a las demandas sociales y laborales relacionadas con el derecho a la vivienda».
«Entendemos que la defensa de la educación pública no puede desligarse de las condiciones materiales de vida de las familias y de las personas que trabajan en ella. Por eso, hacemos nuestras también reivindicaciones como la recuperación del poder adquisitivo perdido mediante un aumento salarial y el establecimiento de un complemento específico para las zonas tensionadas por la vivienda, donde los elevados precios están dificultando la cobertura de puestos vacantes en los centros educativos», señalan.
Además, desde la Asamblea Andaluza por la Educación pública indican que la crisis de acceso a la vivienda también tiene consecuencias directas sobre la escolarización, ya que, añaden, la pérdida de población residente en determinadas zonas está provocando una disminución del alumnado y el cierre de líneas educativas públicas.
Frente a esta situación, «defendemos que la reducción de alumnado debe aprovecharse para disminuir las ratios y mejorar la calidad educativa y no convertirse en una nueva justificación para recortar unidades escolares públicas», prosiguen.
La confluencia de las movilizaciones no significa que desaparezcan las reivindicaciones específicas del sector educativo. La comunidad educativa quiere trasladar a la ciudadanía y a los medios de comunicación que existen «problemas estructurales y urgentes en la educación andaluza que requieren respuestas propias».
Una asamblea abierta para defender la Educación Pública
La Asamblea Andaluza por la Educación Pública es un espacio abierto de coordinación integrado por profesorado, familias, estudiantes y otros sectores comprometidos con la defensa de una educación pública de calidad, participativa y accesible para toda la población andaluza.
Su organización se articula mediante asambleas provinciales y mecanismos de participación horizontal que permiten construir una respuesta colectiva ante los problemas que atraviesa el sistema educativo andaluz.
Principales reivindicaciones educativas
La comunidad educativa movilizada reclama, entre otras medidas:
- Reducción de las ratios en todas las etapas educativas para garantizar una atención adecuada y personalizada al alumnado.
- Incremento de las plantillas docentes y de los recursos humanos destinados a los centros públicos.
- Defensa de una Educación Infantil pública de 0 a 3 años, con una oferta suficiente, accesible y de calidad, que garantice el carácter educativo de esta etapa, mejores condiciones laborales para sus profesionales y el acceso de todas las familias, sin que su escolarización dependa de su capacidad económica.
- Refuerzo de la atención a la diversidad y de los recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Las familias necesitan respuestas reales, recursos humanos y materiales suficientes, profesionales especializados y una atención adecuada, sin tener que asumir individualmente la responsabilidad de reclamar continuamente unos apoyos que deben estar garantizados por la Administración educativa.
- Estabilidad laboral y fijeza para el personal interino en situación de abuso de temporalidad. Exigimos el reconocimiento y la reparación del fraude de ley en la contratación temporal, el fin del abuso de temporalidad en las administraciones educativas y soluciones que garanticen los derechos del personal interino, frente a una precariedad que se prolonga durante años y que repercute también en la estabilidad de los centros educativos.
- Mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal educativo y no docente.
- Refuerzo de los equipos de orientación, de los servicios de apoyo y de los recursos necesarios para garantizar una educación verdaderamente inclusiva.
- Defensa de una Formación Profesional pública, de calidad y al servicio del interés general. Rechazamos la privatización, la externalización de enseñanzas y la progresiva subordinación de la FP a los intereses del mercado laboral y empresarial. La implantación de la FP Dual no puede convertirse en una vía para trasladar a las empresas responsabilidades que corresponden a la Administración educativa, ni para sustituir la formación en los centros públicos por mano de obra barata o formación condicionada por las necesidades particulares de cada empresa. Exigimos una oferta pública suficiente, ciclos formativos con recursos y equipamientos adecuados, plantillas docentes estables y garantías de que todo el alumnado pueda acceder a una formación integral, con independencia de su situación económica o del tejido empresarial de su territorio.
- Fin de los recortes y aumento de la inversión pública en educación, incluyendo una financiación suficiente y estable para las universidades públicas andaluzas, que garantice su autonomía, calidad, capacidad investigadora y acceso en condiciones de igualdad.
- Defensa de la universidad pública frente a los procesos de infrafinanciación y mercantilización de la educación superior.
- Garantía de una escolarización equilibrada y defensa de la red pública como eje vertebrador del sistema educativo, desde el primer ciclo de Educación Infantil (0-3) hasta la universidad.
- Mejora de las infraestructuras y dotaciones de los centros educativos.
- Desarrollo de políticas educativas consensuadas con la comunidad educativa, mediante procesos reales de participación y no a través de decisiones impuestas unilateralmente.
Estas reivindicaciones persiguen fortalecer una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades, la cohesión social y una educación de calidad en todo el territorio andaluz, una educación que acompañe a las personas desde sus primeros años de vida hasta la universidad y que garantice tanto los derechos del alumnado y sus familias como unas condiciones laborales dignas para quienes trabajan en ella.
Desde la Asamblea «defendemos una red pública que abarque todas las etapas educativas, incluida una Formación Profesional pública que no se convierta en un negocio ni quede al servicio exclusivo de los intereses empresariales, sino que garantice el derecho a una formación integral, crítica y de calidad», añaden.
El 11N: una huelga educativa «que no puede quedar invisibilizada»
La huelga educativa andaluza se acordó el pasado 18 de julio en Antequera antes de que se produjera la convocatoria de huelga general por el derecho a la vivienda, tras lo que desde la Asamblea Andaluza por la Educación Pública «decidimos mantener nuestra convocatoria y confluir en la misma jornada de movilización».
«Apoyamos las reivindicaciones por el derecho a la vivienda y entendemos que existe una conexión directa entre las condiciones de vida de la población y la defensa de los servicios públicos. Sin embargo, nos preocupa que la coincidencia de ambas convocatorias termine eclipsando las reivindicaciones específicas de la educación pública», advierten.
La huelga del 11N también es una huelga educativa andaluza, con objetivos, reivindicaciones y motivos propios.
Miles de docentes, estudiantes, familias y profesionales de la educación están llamados a participar en una jornada de protesta que pone el foco en problemas estructurales que afectan diariamente a las aulas, los centros y las comunidades educativas de toda Andalucía.
Por ello, desde la Asamblea Andaluza por la Educación Pública «hacemos un llamamiento a los medios de comunicación locales y andaluces para que den cobertura específica a la huelga educativa del 11N y a las reivindicaciones que la sustentan. Es necesario visibilizar una problemática que afecta a cientos de miles de familias y profesionales de la enseñanza en nuestra comunidad autónoma», subrayan.
Desde la Asamblea entienden que «la defensa de la vivienda digna y la defensa de la educación pública no son luchas enfrentadas: ambas forman parte de la defensa de unas condiciones de vida dignas y de unos derechos sociales que deben estar garantizados para toda la población», concluyen.
