El profesorado del IES Fuente Juncal, ante la inminente realización de las denominadas
pruebas de diagnóstico, establecidas en las Instrucciones de 4 de abril 2024 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, desea trasladar al conjunto de la comunidad educativa lo siguiente:
Consideramos que la convocatoria de las pruebas realizada mediante la publicación de
unas instrucciones el pasado 4 de abril supone una nueva muestra de falta de previsión por parte de la Consejería. El escaso tiempo transcurrido entre la publicación de la norma y las fechas marcadas para la realización de las pruebas ha generado incertidumbre entre los equipos directivos y el profesorado de los centros educativos andaluces, que se han visto obligados a decidir aspectos relevantes del proceso, como la elección del profesorado encargado de la corrección de las pruebas, por poner un ejemplo, en un plazo muy breve que no ha tenido en cuenta, además, el momento del calendario escolar en el que nos encontramos.
La carga extra de trabajo que la celebración de las pruebas conlleva (correcciones, grabación de datos de Séneca, etc.) se superpone a las ya de por sí complejas tareas habituales del último trimestre del curso escolar. Más allá de la poco recomendable inmediatez que ha rodeado al proceso, creemos necesario señalar cuestiones de fondo que afectan a elementos esenciales de nuestro sistema educativo:
El carácter de las pruebas consistentes en la evaluación de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una prueba puntual es contradictorio con una cultura de la evaluación que se ha ido implementando en nuestro sistema educativo, a través de las diferentes leyes orgánicas que se han ido promulgando en las últimas décadas, que valora la adquisición de herramientas fundamentales para la formación del alumnado como la expresión oral y escrita, la comprensión de textos, el razonamiento matemático, etc.
Estas herramientas, que en la legislación educativa se expresan como competencias, se evalúan mediante la observación diaria y el registro continuo por el profesorado del trabajo efectuado por el alumnado utilizando múltiples instrumentos como la corrección de las tareas diarias, la realización de actividades evaluables, ya sean individuales o en grupo, exposiciones, producción de textos escritos u orales, etc.. compatibles todos con la tradicional realización de exámenes.
Las estrategias metodológicas utilizadas son también diversas: el aprendizaje en base a proyectos, tareas o problemas se combina con las clases magistrales o las actividades complementarias. Entendemos, por tanto, que la metodología que se desprende del empleo de este tipo de pruebas es contradictoria con los procesos de enseñanza que hoy en día llevamos a cabo en nuestras aulas, supone un retroceso respecto a la innovación que se pretende implantar en las mismas y, por tanto, es ineficaz para medir el grado en el que nuestro alumnado ha podido adquirir las mencionadas competencias.
Los contextos sociales y territoriales en los que se localizan nuestros centros educativos son muy diferentes entre sí. Por ello, los resultados de las pruebas para ser concluyentes deberían ser ponderados de manera que se contemplaran esas diferencias entre centros de áreas urbanas y rurales o entre zonas deprimidas con altos índices de desempleo y exclusión social y zonas con predominio de clase media-alta. Sin embargo, se trata de pruebas estandarizadas que no recogen ponderación de ningún tipo.
De la misma forma, la atención a la diversidad, uno de los pilares del sistema educativo, ha sido ignorado en el diseño de las pruebas. De nuevo, nos parece contradictoria esta ausencia cuando desde la propia consejería se nos exige la implementación de planes de refuerzo de alumnado repetidor, programas de recuperación de asignaturas pendientes, programas de refuerzo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, programas de profundización, etc. En el desarrollo de las pruebas, en cambio, no aparece ninguna medida de adaptación que facilite al alumnado con necesidades educativas especiales completar los ejercicios propuestos.
La finalidad de las pruebas presenta varios interrogantes. Demandamos que, en ningún caso, los resultados de pruebas sirvan para establecer comparativas entre los distintos centros, y, mucho menos, para favorecer a los centros privados concertados que cuentan con contextos socioeconómicos mucho más favorables. El grueso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o que requiere adaptación lingüística, por ejemplo, está escolarizado en la red pública que atiende, además, casi en exclusividad al alumnado de zonas rurales. Consideramos, por tanto, injusto cualquier atisbo de comparación entre unos centros y otros y tememos que sirva para alimentar una corriente de fondo que favorece a la privada concertada a costa del cierre de líneas en la educación pública.
Entendemos que las pruebas de diagnóstico no son necesarias al existir ya suficientes instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en nuestros centros: evaluamos a nuestro alumnado y analizamos los resultados desde los distintos departamentos con el objetivo de elaborar propuestas de mejora cuyo grado de cumplimiento es valorado, a su vez, en las posteriores convocatorias; realizamos planes de mejora anuales a nivel de centro que, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, determinan tanto los objetivos alcanzados como las medidas a desarrollar; rendimos cuentas ante la inspección, las autoridades educativas y, lo más importantes, nuestro alumnado y sus familias cuando estas nos son requeridas.
En definitiva, abogamos porque las pruebas de diagnósticos sean sustituidas en los
próximos cursos por la profundización en la evaluación cualitativa de los centros educativos andaluces, cuyo organismo responsable debe ser la inspección educativa. Las conclusiones que se deriven de esta evaluación deben servir para detectar qué colectivos, centros o programas educativos adolecen de recursos y dotarlos en consecuencia, aumentando las plantillas de profesorado, PAS, PTIS, etc.., reforzando los departamentos de orientación, impulsando el descenso de las ratios, y equipando adecuadamente las instalaciones escolares.
Se trata, por tanto, de llevar a cabo un proceso de evaluación constante, preciso y eficiente que permita cumplir con el propósito de equidad que la propia legislación adjudica a nuestro sistema educativo.
