La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presidido esta mañana el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, en el que se ha aprobado la guía ‘Coordinador o coordinadora de Bienestar y Protección en la Comunidad Escolar’, con pautas orientativas para su implantación, así como las ‘Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Escolares’. Ambos documentos estarán disponibles en los próximos días en la página web del Ministerio.
“Vuestra labor es fundamental para coordinar esfuerzos, elaborar materiales conjuntamente y velar por que nuestros centros educativos sean espacios seguros para los más jóvenes”, ha asegurado la ministra, al inicio del pleno, a la vez que ha destacado el trabajo que se lleva realizando desde hace años en los centros escolares gracias al esfuerzo y la dedicación de los docentes.
“No debemos renunciar bajo ningún concepto al reto de que las aulas sean un espacio seguro, tranquilizador, motivador, integrador. Un espacio para el respeto, la convivencia y la igualdad. Porque esa es la base de una educación enriquecedora y de una sociedad mejor. El compromiso de este Gobierno es firme en este sentido”, ha añadido.
A continuación, se ha aprobado la guía sobre la figura del Coordinador o coordinadora de Bienestar, elaborada por Mª Ángeles Espinosa Bayal, del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con las comunidades autónomas. Esta presenta unas propuestas orientativas sobre las funciones y la formación de esta figura introducida en la Ley de Educación (LOMLOE) y en la Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI).
La guía divide las funciones del coordinador o coordinadora en torno a cinco fases de acción: la planificación de las actuaciones; la prevención a través de labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa; la organización de la formación tanto del personal del centro como del alumnado; las labores encaminadas a la detección temprana de las situaciones de violencia; y la fase de intervención, para la cual debe construir el entramado de colaboraciones internas (equipo directivo, docentes, personal administrativo y de servicios, familias, alumnado y servicios de orientación) y externas (servicios sociales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia).
De especial importancia es la formación. Por ello propone una formación básica para el conjunto del personal del centro educativo; una formación específica y habilitante para los coordinadores o coordinadoras, que incluiría contenidos para la formación de las familias y del alumnado; y una tercera dirigida a los coordinadores o coordinadoras que trabajen en centros con niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo de vulnerabilidad social.
En cuanto a los requisitos de esta figura, el documento destaca la experiencia y la formación de la persona en materia de prevención y de intervención, así como la antigüedad en el centro educativo, la estabilidad en el mismo y la coordinación con el equipo directivo.
Por otra parte, el Pleno del Observatorio ha aprobado también las ‘Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Educativos’, elaboradas por el Grupo de Ciberconvivencia del Observatorio, coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
El documento recoge recomendaciones para mejorar la ciberconvivencia en los centros, que incluyen la elaboración de protocolos ante las problemáticas relacionadas con Internet, la formación para el profesorado, el alumnado y las familias, y pautas para la detección de posibles conflictos y la gestión de estos mismos. En cada apartado incorpora ideas de acciones concretas para aplicar en el centro educativo, así como numerosos enlaces a recursos adicionales.
Durante la sesión, el pleno ha repasado igualmente las últimas actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en materia de convivencia, como la puesta en marcha del Programa de Cooperación Territorial de Bienestar emocional en el ámbito educativo, dotado con 5 millones de euros, la promoción de los centros con prácticas de éxito en el desarrollo del buen clima con la convocatoria del ‘Concurso Nacional de Buenas Prácticas’, o la convocatoria de cursos tutorizados para profesores sobre convivencia positiva, entre otras medidas.
Esta es la tercera vez que se convoca el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar desde que fue reactivado en 2020, después de casi una década sin reunirse. Creado en 2007, reúne a los principales actores de la comunidad escolar. En él participan, además del MEFP, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, entre otros.