Llevo atendiendo desde hace más de una década llamadas de padres y madres (la mayoría) en temas referidos a educación y altas capacidades intelectuales, y puedo decir que según lo que constato, hace demasiado tiempo que venimos sufriendo un grave problema con el sistema educativo que, lejos de solucionarse, va empeorando. Como he señalado, en mi experiencia como activista educativo en el mundo asociativo (un concepto sobre el que escribiré un próximo artículo), me he encontrado con cientos de consultas, de las que un gran porcentaje acababan señalando problemas de atención en los centros educativos, algo que choca de frente con el cumplimiento al derecho a la educación estipulado en la propia Constitución. Esto me ha animado a escribir este artículo para el que parto de una pregunta inicial:
¿Se cumple con el derecho a la educación del alumnado con altas capacidades intelectuales?
En mi caso parto de una premisa que me sirve de referencia a la hora de contestar con un NO rotundo a la anterior cuestión, y es la siguiente: Por qué más de una década después, las familias siguen quejándose de los mismos problemas en los centros educativos como un cuento que se convierte en una pesadilla diaria repetida mil veces, y al parecer por el resultado de las quejas, ignorada otras tantas veces.
A raíz de aquí, mi punto de partida es el de la constatación de que cuando hablamos de educación lo hacemos como de algo que constantemente es necesario cambiar porque no funciona, algo que puede comprobarse atendiendo a que los responsables políticos han modificado en infinidad de ocasiones las normas y leyes educativas, incluso cuando estas no han llegado a ser desarrolladas al completo. Esto me lleva a pensar si acaso no habría sido mejor cumplir con lo legislado antes de cambiarlo, pero no se hace, siempre optan por el cambio, y siempre ocurre lo mismo, se olvidan del colectivo formado por los niños y niñas con altas capacidades intelectuales, que algunos identificarán como las y los superdotados sin más (otro de los problemas que abordaremos más adelante).
Ante tanto desconcierto las únicas respuestas que encuentro para explicar la situación actual son:
1.- La Educación se ha convertido en una parte más de la lucha política, algo que choca con lo propiamente pedagógico. Es una herramienta en manos de partidos a los que les da igual lo que ocurra con nuestros hijos e hijas, en tanto que lo que verdaderamente les importa es imponer sus ideologías y ya de paso beneficiar a determinados grupos más cercanos a la presión electoral.
2.- Se ha legislado de forma tan errónea que pretenden cerrar la herida educativa con una simple tirita normativa, cuando en realidad habría que llevar a cabo una verdadera operación para amputar los malos conceptos y tantas cosas que están perjudicando el desarrollo de nuestras escuelas, y lo que es peor, de nuestros niños y niñas.
El desbarajuste en el que nos encontramos nos lleva sistemáticamente a un incumplimiento constitucional por parte de las Administraciones Educativas al no respetar el artículo referido a la educación que consta en la Carta Magna, algo que trata de camuflarse mediante las cifras que se les presentan a las familias para justificar la labor del Ministerio y las distintas Consejerías (en lucha perenne por demostrar cuál es la mejor), pero yo siempre hago una pregunta cuando veo los titulares:
¿En qué ítem de los formularios y las estadísticas se recogen las desesperadas llamadas de madres y padres en busca de una solución para esos hijos e hijas que van marchitándose en los centros educativos?
Si la atención educativa se resume en simples datos en una hoja de cálculo, estimo que se está tocando fondo. En qué celda de la tabla de datos se recoge el caso de cada niño y sus frustraciones por no aprender, como ocurre en infinidad de ocasiones a los chicos y chicas del colectivo con altas capacidades intelectuales.
Es evidente que el sistema no es, ni ha sido, perfecto y cabe preguntarse entonces, para no caer en los mismos errores, qué controles se establecieron para comprobar que se estaban llevando a cabo todas las medidas que nos venden como la panacea, porque curiosamente siempre que se acude a los distintos responsables educativos para exigirles la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales, siempre se afirma que ya se está en ello pero, a la vista de la realidad que percibo, nunca se llega. Igual es necesario emplear más tiempo en solucionar que en justificar que se cumplen las normativas, para ello sería imprescindible un control de las medidas aplicadas y los resultados reales de las mismas pero, ¿se controla eficazmente que el alumnado con altas capacidades intelectuales reciba la atención adecuada? Es más, ¿realmente se han identificado a todos los niños y niñas con estas características? Porque igual un error es no saber a ciencia cierta siquiera de cuántas personas hablamos, y por consiguiente, si desconocemos quienes son, ¿cómo se puede brindar las ayudas que necesitan a fantasmas? La realidad es que son muchos más niños y niñas de los identificados, y en base a ello, si con los que ya son conocidos no se llega, parece evidente que habría que cambiar mucho más profundamente el sistema para atender a todos, tal y como se establece en la Constitución.
Hago un inciso aquí para señalar que este grupo está catalogado como perteneciente al colectivo con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el que, tal y como se indica, se incluyen aquellos que necesitan un apoyo específico, o sea que si no son identificados no tendrán derecho a ese apoyo que necesitan y de ahí el incumplimiento constitucional.
Muchas veces se confunde el derecho a la educación con la obligatoriedad de escolarización, que parece que es con lo que se comprometen todas las administraciones, procurando que no haya ninguna familia que opte por otro sistema que no sea el de ir a los centros educativos presencialmente, algo que les sirve, entre otras, para justificar que se cumple con su concepto legislativo, pero vuelvo a recordar, educar no es sinónimo a escolarizar.
Y ahora, retomando desde ese punto en el que veíamos que hay una gran mayoría de chicos y chicas no identificados, continuaré evidenciando el desbarajuste del sistema educativo en este país en cuanto al colectivo con altas capacidades intelectuales, señalando que no existe una definición única del concepto, y por tanto, de las personas que lo conformarían así como de las respuestas educativas encaminadas a atender a los pocos que constan en las bases de datos. La traducción de lo anterior es que dependiendo de la Comunidad en la que vivas, tu hijo puede ser reconocido o no como estudiante con Altas Capacidades Intelectuales y consecuentemente recibiría unos medios u otros de apoyo, y evidentemente, ante una misma realidad, si las respuestas son tan dispares algo falla. Ojo que no pueden decirnos a modo de justificación que en todos los casos se estaría atendido, porque en ese caso, el responsable que lo dijera, estaría invalidando la catalogación como Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para este colectivo.
Algunas personas, al leer este último párrafo podrían pensar que hablo de un tema relacionado con el reparto de competencias educativa, algo más relacionado con lo político que con lo educativo, pues ya aclaro que no se trata de eso sino de algo mucho más básico, si todos tienen derecho a una educación adecuada a sus características y estas no son reconocidas en algunas comunidades, estaríamos hablando de desigualdad entre personas que tienen reconocido un mismo derecho, el de la educación en el sentido en el que se habla en este artículo. No es una cuestión de competencias, es una cuestión del cumplimiento del derecho, que no se solucionará cambiando las responsabilidades territoriales sino más bien transformando el sistema.
Abundando en el tema, al hablar de esa igualdad en la consideración administrativa del colectivo, nos encontramos con el problema inicial de los prejuicios a la hora de establecer las medidas adecuadas a cumplir. Cuántas veces hemos podido escuchar eso de que como hablamos de niños y niñas de “todo diez” no parecen necesarias medidas específicas porque hay otros que “lo necesitan más”. Sobre este tema se podría escribir fácilmente todo un dossier si atendemos a la infinidad de casos afectados por estos prejuicios, y podríamos incluir a profesionales poco formados sobre el tema, desconocedores de la cara oculta que se esconde tras la desatención educativa de este tipo de alumnado; también podríamos añadir a los responsables políticos que optan por mirar para otro lado por puro desconocimiento de la realidad de la que hablamos, y que legislan simplemente atendiendo a falsos tópicos. Igual es hora de conocer el día a día de muchas familias que tienen que luchar duramente para tratar de que sus hijos e hijas salgan adelante sin demasiado perjuicio a su paso por el sistema educativo. Poseer Altas Capacidades Intelectuales no es equivalente a poseer talento académico, que a veces es considerado el paradigma del colectivo (para más información visita esta entrada).
¿Queremos saber en qué se traducen en infinidad de ocasiones las medidas adoptadas por los especialistas? Preguntemos a los afectados por ellas qué ha significado su paso por los centros educativos, ya os puedo decir que nos encontraríamos respuestas que nos avergonzarían como sociedad.
En muchos casos entenderíamos por qué las escuelas se han convertido en verdaderas destructoras de la creatividad, de los sueños, de la salud, por no hablar de otros perjuicios igualmente graves para muchos niños y niñas. ¿Podemos permitirnos como sociedad que esto suceda?
¿Nos atreveremos a dejar de justificarnos y a mirar el problema a la cara?
