Uno de los retos a los que se enfrenta la educación actualmente es la inclusión de forma satisfactoria y eficaz de todo el alumnado en las aulas, especialmente del alumnado migrante. Los programas educativos y las recomendaciones pedagógicas supuestamente velan por la inclusión, aunque dicha inclusión no siempre es fácil.
La problemática de la inclusión de este alumnado es algo que se vive a diario y muy especialmente en el poniente de nuestra provincia. Esta zona de economía agrícola es receptora de un elevado número de familias migrantes que intentan mejorar sus condiciones de vida.
Estas personas migrantes vienen de países tan diversos como Pakistán, Marruecos o Senegal. Los movimientos migratorios se producen coincidiendo con la recogida de la cosecha de hortalizas, plantas leguminosas, o la aceituna con su etapa de verdeo, por lo que la incorporación de nuevo alumnado a los centros de estas localidades puede producirse con el curso iniciado e incluso a veces a mitad del curso escolar.
La zona de mayor presencia de población migrante coincide con las localidades de Moraleda de Zafayona, Cacín, Arenas del Rey, Santa Cruz del Comercio, Zafarraya, Ventas de Zafarraya o Alhama de Granada.
Al margen de las dificultades con las que se pueden encontrar las direcciones de estos centros el problema principal reside en la escasez de recursos y en una normativa que la Consejería de educación de Andalucía no ha renovado desde el 2007, se trata de la ORDEN 15 de ENERO del 2007 por la que se desarrollan las medidas para la atención al alumnado migrante y las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. Según esta normativa, la finalidad de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (A.T.A.L.) es “Facilitar la atención específica del alumnado migrante con desconocimiento del español con un programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas”. Esta normativa prescribe una serie de medidas que son insuficientes para abordar la situación que se da en algunos colegios e institutos de la zona.
En primer lugar, en su artículo 8, apunta que los alumnos/as permanezcan en dicho programa solo por un año, por otro lado, apunta que se debe dar preferencia a aquel alumnado que tiene nivel 0 o nivel 1, de los tres establecidos. Solo se puede prolongar la estancia del alumnado durante más de un año, excepcionalmente, como señala el articulo 8.5 en cuatro supuestos: por enfermedades que hayan dado lugar a faltas continuadas a clase, por absentismo, nula escolarización en el país de origen, o por matriculación en el centro a finales del curso anterior.
A todas estas medidas restrictivas de la atención que se ofrece a esta alumnado hay que sumar dos cuestiones de calado. La primera es que sólo se atiende al alumnado con necesidades lingüísticas a partir de 3º de primaria, quedando fuera de dicha atención los niños y niñas de infantil y de primer ciclo de primaria. En segundo lugar, el alumnado que se encuentra en tales aulas de Adaptación Lingüistica suele ser atendido en las mismas, en el mejor de los casos, alrededor de tres horas semanales en sesiones colectivas.
La realidad de la atención específica de este alumnado queda muy lejos del máximo posible que marca la normativa (10 horas en primaria y 15 horas en secundaria) y pone de relieve la escasez de recursos pedagógicos destinados a favorecer la inclusión real de estas personas a nuestro sistema educativo.
El profesorado es consciente de que esta escasa atención, que además de no incluir a todo el alumnado, suele durar un solo curso académico. Esta escasa atención da lugar a que estos niños y niñas vuelvan de pleno al aula ordinaria con unas necesidades lingüísticas tales que les impiden poder seguir el proceso educativo con garantías mínimas. Ante esta situación, difícilmente un Plan de Refuerzo educativo o Adaptación curricular tendrá efecto real sobre este alumnado. Además, al dificultarle la comunicación con su grupo de iguales, se favorece la creación de guetos dentro del aula o del centro.
Esta situación descrita es crítica en los centros educativos del poniente granadino. Hay que apuntar por último, que la alta demanda de estos recursos junto con la escasez de especialistas en ATAL, da lugar a que este profesorado esté sometido a una alta presión laboral y a unas situaciones cambiantes en lo que respecta a centros de trabajo y horarios.
Esta desatención del alumnado con necesidades de adaptación lingüística afecta a las expectativas educativas del mismo y al propio funcionamiento de los centros, que en ocasiones se ven sin posibilidades de atender a estas niñas y niños de manera efectiva. Las horas de adaptación lingüística son claramente insuficientes. La imposibilidad de atender a los y las más pequeñas es un claro sinsentido.
La atención A.T.A.L. se debe poder prolongar durante más de un año y el hecho de que esto no sea así parece que atiende más a criterios economicistas que a motivaciones pedagógicas. Teniendo en cuenta que estas necesidades suelan darse año tras añ en los mismos centros educativos, el profesorado A.T.A.L. debería poder estar de forma permanente en los mismos.
Es urgente, por lo tanto, aumentar los recursos A.T.A.L. y modificar la obsoleta ORDEN del 15 de ENERO del 2007 de atención al alumnado migrante. De lo contrario, la administración estará dejando sin recursos a los centros, y lo que es peor, sin atender las necesidades de estos alumnos y alumnas. Esta inacción es una clara irresponsabilidad, ya que sienta las bases para que la segregación cultural y étnica nazca y crezca desde nuestros mismos centros educativos, aumentando el caldo de cultivo para los discursos del odio que recientemente están creciendo en nuestra sociedad y poniendo en riesgo nuestra convivencia.
