Si la labor docente ya es complicada de por sí, la dificultad se multiplica sobremanera cuando el profesional en cuestión padece una sordera profunda. Ahí la comunicación, a no ser que el alumnado sea también sordo, se obstruye, se queda en nada. Como en nada queda el esfuerzo que la maestra o el maestro en cuestión pueda hacer para llevar a cabo su trabajo.
Bien sabe de esto A.G.M., una maestra de Primaria de Granada, que actualmente tiene su trabajo en el CEIP Miguel de Cervantes de la localidad granadina de Armilla y que obtuvo su plaza en 2011. Desde ese año, cuando su alumnado no era sordo, fue haciendo lo que pudo hasta que en 2017 se le reconoció la adaptación que necesitaba: la presencia de un intérprete de lengua de signos en el aula. Pero no lo tiene. Y eso a pesar de que hay una sentencia provisional contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que la ampara. Pero la administración que dirige Javier Imbroda hasta el momento, y nunca mejor dicho, ha hecho oídos sordos.
Según explica la sección de Enseñanza del sindicato Ustea Granada en un comunicado remitido a El Recreo Diario, la lucha por la dignidad laboral de A.G.M. parecía que había culminado con éxito el 29 de marzo de 2021, cuando una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada obligaba a adaptar el puesto de trabajo de esta maestra, pero «a fecha de hoy, el puesto sigue sin adaptarse, a pesar de que en los meses de noviembre y diciembre el juzgado de lo contencioso de Granada emitió sendos autos de ejecución provisional de sentencia». «Dicho documento obligaba a la Consejería a facilitarle a la trabajadora un intérprete en lengua de signos, así como todas aquellas medidas adaptativas necesarias para que pudiera desempeñar su labor profesional en igualdad de condiciones. Sin embargo, en una alarde de insensibilidad respecto al personal discapacitado, la Consejería que regenta Javier Imbroda recurrió dicha sentencia, optando así por perpetuar la discriminación laboral de este colectivo», explica el citado comunicado.
Ante esto, fuentes de la Consejería de Educación han indicado a El Recreo Diario que «es un auto de ejecución provisional de sentencia porque hay un recurso de la Consejería sobre el que el TSJA tiene que pronunciarse«, a lo que añade que «la profesora ya trabajaba sin intérprete y superó las prácticas para ser funcionaria sin ayuda de intérprete».
Y a todo esto, A.G.M está de baja. Según explica a El Recreo Diario Javier Valdés, responsable jurídico de Ustea Enseñanza Granada, el motivo es la situación de «estrés laboral y ansiedad» que le ha generado la imposibilidad de comunicarse con su actual alumnado y poder llevar a cabo su trabajo con dignidad.
La Consejería: «Cuando se incorpore tendrá un intérprete de lengua de signos»
«La sentencia está recurrida pero se va a ejecutar. Acataremos la ejecución provisional a la espera del pronunciamiento del TSJA. La profesora está de baja y en el momento en que se incorpore tendrá un intérprete de lengua de signos contratado por la Consejería». Ese es el compromiso que fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía hace público en declaraciones a El Recreo Diario. Si se cumple, y a la espera de la resolución definitiva del TSJA, la odisea de A.G.M habrá llegado a su fin, ya que, según explica Javier Valdés, «ella necesita sentirse útil y quiere volver a su puesto de trabajo, algo que ya había decidido y que hará la semana que viene».
Ante esto, el responsable jurídico de Ustea Enseñanza Granada asegura que «estaremos pendientes de que lo que la Consejería ha dicho a este medio se cumple». Antes del compromiso expresado por la administración dirigida por Imbroda, y a través del citado comunicado, Ustea Enseñanza Granada había anunciado el impulso de «una ronda
de contactos con asociaciones, movimientos sociales y sindicatos para construir una
movilización lo más amplia posible y denunciar esta inadmisible discriminación» porque «somos conscientes de la importancia que dicha sentencia tiene para este grupo de trabajadores y trabajadoras, y por ello vamos a poner todos los medios posibles para que la Consejería de Educación cumpla con sus obligaciones. Esto afianzaría los derechos, no solo de la trabajadora afectada por sordera profunda, sino, por extensión, de todas aquellas personas trabajadoras de este colectivo, tengan la discapacidad que tengan.
Para ello, la Consejería de Educación debe apostar por la inserción laboral del personal
discapacitado, ejecutando en primer lugar la sentencia, tal y como les obligan los autos
judiciales, y en segundo lugar desarrollando todas las adaptaciones al puesto de trabajo que tengan reconocidas los trabajadores y trabajadoras con discapacidad».
