Inicio Así está el patio Andalucía Denuncia de Ustea: casi 10.600 alumnos están en grupos escolares «masificados ilegalmente»

Denuncia de Ustea: casi 10.600 alumnos están en grupos escolares «masificados ilegalmente»

El sindicato Ustea ha denunciado «la práctica fraudulenta» de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a la hora de confeccionar el número de alumnos por unidad o grupo escolar (ratio escolar). Según ha señalado el colectivo en una rueda de prensa, «ante la Consejería de Educación hemos señalado 373 unidades escolares de toda Andalucía masificadas de manera totalmente irregular». En estas unidades dan clase unos 10.572 alumnos y alumnas.

«Entendemos que estos números suponen un mínimo, por la sencilla razón de que la detección de grupos escolares con masificación ilegal se ha debido a un pequeño sondeo en cada provincia andaluza». La finalidad de Ustea era la de demostrar ante la Consejería la existencia misma de ratios ilegales en nuestra comunidad. Por lo tanto, los datos se obtuvieron de un muestreo y no de la totalidad de los centros educativos públicos andaluces. Pese a ello, «las cifras son ya bastante escandalosas, lo que señala la amplia distribución de las ratios ilegales en nuestra comunidad».

«El origen de este fraude es bien sencillo», asegura Ustea: «La Consejería de Educación aplica de manera ordinaria el aumento extraordinario del 10 % en la ratio escolar. Este aumento está reservado, según la norma, para alumnado que accede de manera tardía al sistema educativo español, o bien para aquellos que por motivos de movilidad forzosa de la unidad familiar o medidas de acogimiento, se han incorporado al centro educativo en periodo extraordinario de escolarización. Sin embargo, estas condicionantes no son tenidas en cuenta por los Servicios de Planificación de las delegaciones de Educación, quienes, como hemos constatado, introducen ese aumento excepcional de alumnado bien en periodo ordinario de escolarización, bien en periodo extraordinario, pero sin tener en cuenta las excepciones contempladas por la legislación. Es por ello por lo que es tan fácil encontrarse con un grupo con la ratio excedida: han convertido una excepción en norma. La finalidad de todo esto no es otra que la de sustraer recursos a la escuela pública y ahorrar fondos que serán destinados a otras partidas presupuestarias».

En contadas ocasiones, continúa la denuncia del sindicato, «esta masificación se ha aliviado parcialmente con el pequeño aumento de plantilla docente (cupos COVID), que por motivos relacionados con la pandemia se ha llevado a cabo por parte de esta Consejería. Sin embargo, este aumento de plantilla ni siquiera ha sido capaz de solventar el total de la masificación ilegal en unos años en los que el número de alumnos y alumnas en clase era un factor determinante para evitar los contagios, sirviendo además para encubrir la ilegalidad de estas ratios. Es por ello, que desde Ustea recordamos que la normativa en lo que respecta al tamaño máximo de los grupos escolares debe cumplirse en su totalidad y siempre, haya o no haya pandemia».

«Las ratios ilegales suponen destrucción de unidades escolares y de empleo público docente. Por ejemplo, las 373 unidades con ratio ilegal detectadas han supuesto una destrucción de 217 unidades que deberían haberse generado para evitar el problema de la masificación ilegal en los centros sondeados. Además, han supuesto la destrucción de un mínimo de 259 empleos públicos docentes, necesarios para haber dado clase en esas unidades destruidas. En resumen, podemos afirmar que por cada 10 unidades con ratio ilegal, se destruyen seis grupos escolares y un mínimo de siete empleos públicos docentes».

«Como hemos denunciado ante la Consejería, la masificación ilegal está presente en toda Andalucía, dándose tanto en escuelas infantiles, como en colegios e institutos. De las localidades en las que se ha detectado esta problemática podemos señalar, entre muchas otras: Níjar, Roquetas de Mar, Cádiz, Jeréz de la Frontera, Puente Genil, Priego de Córdoba, Atarfe, Granada, Moguer, Punta Umbría, Jaén, Jódar, Alaurín de la Torre, Vélez-Málaga, Sevilla y Utrera».

«Las ratios legales a nivel estatal son ya de las más altas en el entorno europeo, por lo que su incumplimiento hace mucho más grave aún esta situación. Es por ello por lo que desde USTEA se ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de las ratios legales ante el Parlamento andaluz».

Destrucción de unidades escolares en Infantil y Primaria

Por otro lado, el sindicato también lamemta que «recientemente la Junta de Andalucía publicó el número de unidades creadas y suprimidas en las etapas de Infantil y Primaria. Este año la Consejería de Educación ha cerrado 757 clases de Infantil y Primaria en colegios de todas las provincias y se ha visto obligada a crear 518, por lo que los colegios de Andalucía cuentan este curso con 239 clases menos que el anterior, a falta de conocer las supresiones en Secundaria y Bachillerato». Esta cifra viene a sumarse a las 374 clases suprimidas en el curso 2019-20 y las 568 del curso pasado, siendo 1.181 las unidades suprimidas de infantil y primaria en lo que va de legislatura. Las 239 clases eliminadas en la red de centros públicos «contrastan, como en años anteriores, con las cifras de la enseñanza concertada que mantiene prácticamente el mismo número de aulas».

La provincia más castigada por el cierre de clases es Sevilla, con 188 unidades suprimidas y tan solo 68 creadas, con lo que esta provincia tiene este curso 120 clases menos de Infantil y Primaria. En otras provincias, con cifras de supresión menores, también se observa una disminución de las clases en la enseñanza pública, respecto al año anterior: Cádiz (-47), Málaga (-39), Córdoba (-30), Jaén (-17) y Granada (-9).

El dato más significativo para este sindicato es el de la supresión de clases en la etapa de Infantil, «ya que supondrá la eliminación progresiva de clases en niveles superiores».

«La situación del alumnado con necesidades educativas especiales sigue siendo de grave desatención, a pesar de que se han creado 135 aulas específicas, ya que al déficit de profesionales de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y personal técnico de integración social, se suma la reducción de la plantilla de orientadoras y orientadores respecto al curso anterior en 317».

Como conclusión, Ustea asegura que «la destrucción de unidades escolares en la escuela pública es un recorte en toda regla, ya que, al hacerlo, en numerosas ocasiones se dejan al resto de unidades de los centros con un número de alumnos por aula mayor de lo que marca la norma, detrayendo así recursos a la escuela pública y reduciendo su presupuesto por la puerta de atrás. No se pueden recortar cientos de grupos escolares y hacinar ilegalmente a decenas de miles de alumnas y alumnos en los grupos restantes».

Por ello, Desde Ustea «exigimos al señor Imbroda que, como titular de la Consejería de Educación, ponga fin por la vía de urgencia a esta lacra que detrae recursos a la escuela pública, deteriorando la calidad educativa y destruyendo empleo púbico docente. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad educativa para luchar contra este fraude y dar una respuesta conjunta ante este recorte encubierto que sufren diariamente miles de niños y niñas en nuestras aulas».

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