La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” ha registrado una petición de reunión con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía de cara a conocer qué dotación de fondos prevé el gobierno andaluz destinar a la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización durante el ejercicio 2022.
Según indica la plataforma a través de un comunicado remitido a El Recreo Diario, La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables en vigor desde hace más de un año y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz sigue sin aplicarse.
Y ello, según el colectivo, a pesar de que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia (una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas), y a pesar de que persisten condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico en las aulas, falta de eficiencia energética y muchos patios escolares hostiles por desiertos y faltos de vegetación. La ley de bioclimatización sigue sin desarrollo reglamentario y sin aterrizar en los colegios e institutos.
Conscientes de que son necesarios recursos económicos para su aplicación, la plataforma Escuelas de Calor ha optado por llamar a la puerta de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para conocer de primera mano la previsión que el gobierno andaluz hace a nivel presupuestario de la puesta en marcha de las medidas que esta ley contempla. De ello podrán inferirse las intenciones del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al respecto y con qué seriedad se toma la Consejería de Educación y Deporte de Javier Imbroda esta ley y, por tanto, las condiciones en que alumnado, docents y resto de personal no docente trabaja en los centros educativos públicos andaluces.
El escenario que paralelamente se ha encontrado la plataforma es el de una Administración Pública «poco accesible, pues el sistema de cita previa para el registro, de gestión telemática, hace casi imposible registrar un documento antes de un mes. Ello complica enormemente a la ciudadanía relacionarse con quienes están al frente de la gestión de nuestros servicios públicos. Toda una declaración de dónde y cómo nos quieren».
