Casi 1.600 docentes pidieron ayuda al Defensor del Profesor el pasado curso

El último informe del servicio El Defensor del Profesor de ANPE, correspondiente al curso 2019/2020, muestra "una preocupante estabilización y aumento en algunos indicadores" con respecto al curso anterior en los casos de acoso y violencia hacia los docentes

El pasado curso fueron un total de 1.594 las actuaciones realizadas por el Defensor del Profesor, recurso del sindicato ANPE a disposición de los docentes que sufren casos de violencia y/o acoso por parte de sus alumnos, el entorno de estos o los compañeros de profesión. Según el informe referente al curso 2019/2020, el 5% corresponde a Educación Infantil, el 40% corresponde a profesorado de Primaria, el 44% a Educación Secundaria, el 7% a Formación profesional, el 4% restante se reparte en otras enseñanzas (Colegios de Educación Especial, Conservatorios, Educación de Adultos, etc). “En este curso escolar hemos tenido una disminución de 580 actuaciones en todo el territorio debido a la situación de crisis sanitaria y de confinamiento domiciliario por parte de profesores y alumnos en el último trimestre del curso”, señalan.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes a los alumnos, los relacionados con los padres y los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión:

  • En cuanto a los alumnos hay que destacar un leve incremento en las amenazas de alumnos a profesores, que aumenta del 10 % al 12 % y también se produce un aumento en el ciberacoso pasando de un 10 % a un 11% en el curso actual. En cuanto al indicador de problemas para dar la clase seguimos con 21 % en el curso 2019/2020, y respecto a la problemática de acoso del alumnado al profesor también se produce una estabilización con un 11%.
  • Por lo que se refiere a los padres, se mantienen estables la mayoría de las variables recogidas y algunas sufren un ligero ascenso. Sí se observa un pequeño incremento en faltas de respeto a profesores que pasan del 25 % a un 27 % en el curso 2019/2020. Con respecto al indicador de las presiones para subir las notas, también se ha producido un ligero aumento de un 1 % con respecto al curso anterior. En cuanto a las acusaciones carentes de fundamento, también ha aumentado la cifra de un 26 % a un 27 %, es decir, en un 1%. Hay que destacar el dato que obtenemos en el curso 2019/20 en el apartado del ciberacoso de padres donde se ha producido un destacable incremento pasando de un 2% en el curso 2018/2019 a un 5% en el curso 2019/2020. Este incremento se ha producido como consecuencia del aumento de la comunicación con los padres a través de las nuevas tecnologías sobre todo en el último cuatrimestre como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria y confinamiento que hemos vivido en nuestro país.
  • En lo relativo a los problemas relacionados con el entorno laboral, se observa una disminución en los problemas relacionados con la aplicación del RRI o Decretos de Convivencia, en este curso escolar obtenemos un 9% de nuestras actuaciones. Los demás parámetros en este ámbito permanecen similares, habiendo un incremento de un 1% en los problemas relacionados con la Administración, siendo en el curso actual de un 20%. En este dato también ha influido la situación sanitaria y de confinamiento de la población

El informe continúa señalando que “las consecuencias de las situaciones destacadas, y en especial, en este curso escolar donde los profesores y los alumnos han vivido una situación de confinamiento domiciliario sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores. El 73 % de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11% mostraban síntomas depresivos y un 11 % estaba de baja laboral”.

“Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido”, señala ANPE.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:

  • La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
  • Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.
  • Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
  • El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
  • Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
  • Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
  • Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

“Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa”, concluye ANPE.

Pabilo Editorial
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